En términos de protección social, Francia dispone de uno de los sistemas más desarrollados del mundo, al cual la población esta muy apegada, sobretodo en materia de salud. Los gastos se distribuyen de la siguiente manera: 27.2% de los gastos están consagrados a la salud, 49.2 a las jubilaciones, 12.8 a la política familiar y 8.4% a las indemnizaciones por desempleo y a la Renta Mínima para la Inserción (RMI).

El principio de repartición según el cual las prestaciones de los beneficiarios están financiadas por la cotización de activos es aplicada aquí. Pero, este sistema tiene dificultades estructurales por el hecho del alargamiento de la esperanza de vida y un retardo en la entrada a la vida activa de los jóvenes en razón del aumento del nivel de estudios y el estancamiento de la duración de la actividad. A fin de evitar la bancarrota del sistema, un proyecto de reforma del sistema esta en camino.